¿Qué pasa con los trabajadores si vendo mi empresa? Lo que la ley garantiza y lo que no

Mucha gente cree que cuando una empresa se vende, los contratos se acaban y el comprador elige a quién quiere. No es así. En España, el cambio de dueño no extingue por sí mismo ningún contrato de trabajo. Lo que cambia, y cómo, depende de qué vendes exactamente.

Cuando vendes las participaciones, quien contrata a tus empleados es la sociedad, no tú. La sociedad sigue existiendo, con su NIF, sus cuentas en el banco y su código de cuenta de cotización. Lo único que cambia es quién es dueño de esa sociedad. Por eso los contratos, las nóminas, las vacaciones pendientes y la antigüedad siguen exactamente igual el día después de la firma.

Eso no quiere decir que nada vaya a cambiar nunca. El nuevo socio nombrará a sus administradores y dirigirá la empresa a su manera. A partir de ahí se aplican las mismas reglas que a cualquier empresa: puede reorganizar, cambiar condiciones o despedir con las causas y los procedimientos que marca el Estatuto, igual que podías hacerlo tú.

Cuando lo que se vende es el negocio, un centro de trabajo o una parte que funciona por sí sola (por ejemplo, una de tus tiendas con su equipo), entra en juego la sucesión de empresa. Es la regla que protege a los trabajadores cuando cambia el titular del negocio.

Dicho de forma sencilla: si el comprador se queda con lo que hace funcionar el negocio (el local, la maquinaria, los clientes, el equipo), se queda también con los contratos. No puede elegir a quién se lleva y a quién no por el simple hecho de comprar.

Aquí está la parte que conviene oír sin adornos. La ley protege el paso de los contratos al nuevo dueño, pero no congela la plantilla para siempre. Una vez hecha la venta, el nuevo dueño tiene las mismas facultades que tenías tú:

• Cambiar condiciones importantes (jornada, horario, turnos, sueldo, funciones) cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, siguiendo el procedimiento del Estatuto (art. 41 ET).
• Despedir por causas objetivas, entre ellas esas mismas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción (art. 52.c ET), o hacer un despido colectivo si se superan los umbrales del art. 51 ET.
• Despedir sin causa válida, con la consecuencia de que el despido se declare improcedente y tenga que readmitir o pagar la indemnización: con carácter general, 33 días de salario por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades (art. 56.1 ET). Para los contratos firmados antes del 12 de febrero de 2012, el tiempo anterior a esa fecha se calcula a 45 días por año (disposición transitoria undécima ET).

Es decir: si el comprador ya sabe que, al entrar, va a cerrar un turno o trasladar a parte del equipo, no puede esperar a firmar y hacerlo por sorpresa. Tiene que consultarlo antes. Pero consultar no es lo mismo que necesitar permiso: si cumple el procedimiento y la causa existe, puede hacerlo.

Lo que la ley no da, se puede negociar. Muchos compradores quieren conservar al equipo, porque es buena parte de lo que compran. Aprovéchalo y ponlo por escrito. Los contratos obligan a lo que dicen y las partes pueden pactar lo que quieran mientras no vaya contra la ley, la moral o el orden público (arts. 1091 y 1255 del Código Civil).

Ojo con el otro lado: un comprador que te pide que despidas antes de la venta para recibir la empresa «limpia» te traslada a ti el coste y el riesgo. Un despido sin una causa real puede declararse improcedente, y la indemnización la pagarás tú. Habla con un abogado laboralista antes de aceptar algo así.

La ley no fija un número de días, pero sí un orden: antes de la firma, no después. En la venta de participaciones este deber del art. 44 no se aplica, porque el empleador no cambia. Aun así, tu plantilla se acabará enterando, y es mejor que lo haga por ti. Cuándo y cómo contarlo, sin que se filtre antes de tiempo, lo explicamos en ¿se enterarán mis empleados de que vendo?.

Durante la revisión del comprador también circularán datos de tus empleados (nóminas, contratos). La ley presume lícito comunicarlos en una transmisión de negocio solo en la medida en que sean necesarios para la operación, y si la operación no se cierra, quien los recibió debe borrarlos de inmediato (art. 21 de la Ley Orgánica de Protección de Datos). Al principio, mejor tablas sin nombres.